Se fortalece proceso para responder a solicitudes de restitución de tierras en Antioquia

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Para dar celeridad al proceso de Restitución de Tierras en Antioquia se creó la Dirección Territorial Apartadó, se fortaleció la Dirección Territorial de Antioquia con sede en Medellín  y se trasladaron las solicitudes hechas sobre predios ubicados en la región del Bajo Cauca a la Dirección Territorial Córdoba. Con éstas medidas se emprende maratón para dar respuesta a las solicitudes que se han hecho en este departamento, que cuenta con el mayor número de reclamaciones en Colombia.

“Necesitamos fortalecer los procesos en Antioquia para lograr a la brevedad el restablecimiento de derechos sobre propiedades y territorios a las comunidades afectadas por el despojo y el desplazamiento forzado en este departamento”.  Así destacó la subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras, Alcelis Coneo Barbosa, los cambios que se están adelantando en esta región del país para hacer más eficiente el proceso.

Con las nuevas disposiciones, la Dirección Territorial Antioquia, que continuará a cargo de Paola Cadavid, atenderá a 106 municipios del departamento; la Dirección Territorial Apartadó, a cargo de Elkin Rocha, responderá las solicitudes hechas en los 11 municipios que conforman la región del Urabá a los que se suman las poblaciones de Carmen del Darién, Acandí, Unguía y Riosucio ubicadas en el departamento del Chocó; y, finalmente, las solicitudes hechas en las seis poblaciones que conforman la región del  Bajo Cauca estarán a cargo de la Dirección Territorial Córdoba, liderada por Álvaro Tapia Castelli.

“Estamos aunando los esfuerzos necesarios para lograr óptimos resultados y cumplir las metas que se ha impuesto el Gobierno en temas de reparación a las víctimas del conflicto”, agregó Alcelis Coneo Barbosa.

Durante los cinco años en que operó la Dirección Territorial de Antioquia con sus oficinas en Apartadó, Caucasia y Medellín se restituyeron cerca de 9.000 hectáreas, entregado recursos por 7.500 millones de pesos para el desarrollo de proyectos productivos y 7.300 millones de pesos en subsidios de vivienda rural, al resolver más de 900 casos a través de 318 sentencias que han proferido los magistrados y jueces designados para el proceso. A la fecha, se está a la espera de 2.056 pronunciamientos por parte de la justicia.