Las autoridades de los municipios de Tarazá, Cáceres, Valdivia, Zaragoza y los representantes de la Caravana humanitaria por la paz intercambiaron conceptos sobre la iniciativa social, en un encuentro en el que los grandes ausentes fueron el Ministerio público y la Gobernación de Antioquia, entidades que no acudieron a apoyar la actividad, aseguraron los líderes sociales.

Durante la reunión en la que los civiles expusieron las problemáticas recogidas en las localidades de Valdivia, Tarazá y Cáceres, la respuesta de las autoridades no satisfizo a los marchantes.

Los orientadores de esta iniciativa aseguraron que ninguna entidad quiere comprometerse a una intervención profunda de las problemáticas de seguridad, educación, salud y oportunidades para la población.

Advirtieron que les ha quedado un “sinsabor” porque las alcaldías dicen que “la gobernación no ha querido invertir en los proyectos”, pero reclaman que mientras tanto la comunidad es la que sufre debido a la incertidumbre de esperar una ayuda que, al parecer, no llegará.

“Hay preocupaciones, pero también llama mucho la atención de que las mismas autoridades reconozcan la vinculación de algunos agentes del Estado con algunos agentes ilegales en el territorio, situación que ya es muy preocupante.

Una cosa es que nosotros lo digamos y una muy diferente que un funcionario se atreva a mencionarlo. Lo grave también es que ellos mismos reconozcan que justamente estos grupos paramilitares se están quedando con parte de los proyectos productivos, como los del PNIS”, aseguró Johan Giraldo, vocero de la Caravana, y abogado de la Corporación Jurídica Libertad.

Según el señor Giraldo, también les preocupa que las propias alcaldías no tengan el control de la fuerza pública, y que muchos recursos propios se estén destinando a la manutención den esas autoridades.

“Y que ellos reconozcan que no tienen el control de su territorio y ellos (sic) dieron a entender que casi no tienen el control de la Policía ni del Ejército y que, por el contrario, los está ahogando presupuestalmente tener que asumir los costos de hospedaje, de alimentación y manutención de los refuerzos que trae la Policía, y eso no tiene mucho sentido en un municipio de categoría sexta”, recalcó el abogado Giraldo.

También contó que las comunidades quieren seguir trabajando por sus territorios, pese al evidente abandono de las autoridades, donde se cree que solo con la fuerza pública se pueden solucionar los graves problemas.

“A esas comunidades solo les están ofreciendo guerra, solo les ofrecen intervención militar y que lo único que están haciendo es ahogar en situaciones humanitarias a las personas”, agregó el líder social.

Finalmente, indicó que no encontraron ninguna esperanza de las alcaldías porque están de salida en sus respectivos períodos de gobierno, al tiempo que manifiestan un temor ante la actual realidad, y criticó que no un hay compromiso de ninguna entidad del Estado.

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