Tras un consejo de seguridad realizado en el municipio de San Marcos, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, ofreció una recompensa de $50 millones por información que permita capturar a los responsables de la masacre de cinco personas en área rural de esa población.
La masacre se registró en la vereda Calle Nueva, entre los municipios de San Benito Abad y San Marcos, la noche del sábado 24 de octubre. Las víctimas serían cuatro integrantes del Comité de Defensa de los Playones y Sabanas comunales de San Marcos – Sucre y el abogado que los representaba.
Hasta el momento Medicina legal ha identificado al abogado Arquimides Centanaro Carriazo. De los cuerpos de los campesinos sólo dos han sido identificados plenamente, se trata de Lácides Cochero Alba y Darwin de Hoyos Madera. Está por establecer si los otros dos cuerpos sin vida corresponden a Julio y Javier Hoyos.
Defensores de víctimas de la violencia y de los derechos de los campesinos aseguran que la masacre obedece a disputas por terrenos y está relacionada con el atentado contra el líder campesino Hernando Benítez León, en su casa de San Benito Abad, en Sucre.
Por su parte, Luis Trejos, politólogo y director del Observatorio de Conflicto UnCaribe, de la Universidad del Norte, señala que la misma Defensoría del Pueblo había emitido varias alertas tempranas advirtiendo la reactivación de una vieja ruta de narcotráfico en poder del Clan del Golfo generando desplazamiento forzado de campesinos y líderes sociales.
El investigador señala que en el mismo informe se advierte de nuevas disputas armadas que se extendería desde la Mojana sucreña, pasaría por los Montes de María y terminarían en el Golfo de Morrosquillo.
Grave denuncia
Para Rodrigo Ramírez Salazar, defensor de derechos humanos, la masacre habría sido ordenada por terratenientes de la zona y perpetrada por bandas criminales que operan en ese territorio.
“Hay una clara intención de los terratenientes y ganaderos de atentar contra la población campesina. Tenemos información de que ellos ya le están pagando a personal para atentar contra organizaciones campesinas del territorio. Nosotros hemos hecho un llamado de atención a las autoridades en los diferentes espacios para tomar medidas de prevención y protección para las comunidades. Sin embargo, el gobernador en los consejos de seguridad, en vez de articular con las comunidades, cierra las instituciones y no dialoga con las comunidades, no con líderes, ni con las organizaciones que acompañamos estos procesos”, aseguró Ramírez.
“En San Marcos hay una consolidación muy fuerte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y no es un secreto que aquí también han hecho reuniones algunos sectores económicos, donde han hablado y dado orientaciones y directrices de cómo atacar al campesinado que está reclamando sus derechos. Es algo que hemos venido denunciando, pero las autoridades aquí no están haciendo absolutamente nada”, prosiguió el defensor de derechos humanos.
Una de las victimas tendría antecedentes judiciales
Según lo reportado por un medio regional de Córdoba, una de las víctimas de la masacre, Lácides Cochero Alba, oriundo del municipio de Ayapel, tenía medida de aseguramiento en su residencia.
Fuentes judiciales indican que Cochero Alba estuvo involucrado en el robo de 127 cabezas de ganado de la finca Polonia, en la región del Rabón, en San Marcos y de propiedad del ganadero cordobés, Abelardo de la Espriella Juris.
