La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) abrió un proceso de indagación preliminar contra la sociedad Hidroeléctrica Pescadero Ituango porque la empresa habría intervenido las obras de los túneles de desviación un año antes de que se le otorgaran las licencia de modificación necesarias para hacer dichos trabajos.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) abrió un nuevo proceso de indagación preliminar contra la sociedad Hidroeléctrica Pescadero Ituango.
El motivo de esta nueva investigación es que, de acuerdo con el Auto 04455 de 31 de julio de 2018, la empresa encargada de la construcción de Hidroituango intervinó las obras de los túneles de desviación sin que se le hubiera otorgado la licencia de modificación requerida para hacer dichos trabajos.
Según quedó consignado en el documento, en máximo seis meses la ANLA deberá tener las pruebas que demuestren si la sociedad de Hidroituango incurrió o no en una falta por tapar los túneles de desviación del río Cauca sin los permisos correspondientes.
En el Auto, además, está registrado un informe de la Contraloría General de la República, emitido el pasado 5 de julio, que indica que varias obras en campo empezaron a ser ejecutadas antes de obtener las licencias requeridas.
La importancia del proceso radica en que fueron precisamente los taponamientos de estos túneles los que dieron inicio a la emergencia y generaron el posterior represamiento del río Cauca.
Todo parece indicar que las obras iniciaron en entre julio y agosto de 2015, mientras que las licencias llegaron hasta el 30 de septiembre de 2016, más de un año después de realizar los trabajos.
“Se realizó la construcción de la galería 2, la cual conduce a la zona de bóveda del túnel de descarga No.4 y permite iniciar la excavación del mismo desde aguas abajo hacia aguas arriba. Esta galería fue construida entre julio y agosto de 2015”, se lee en el auto. ESto evidencia que las obras se estaban haciendo antes de la ejecutoria de la Resolución 1139 del 30 de septiembre de 2016 en la cual se modificó la Licencia Ambiental y se adicionó y autorizó la construcción y operación del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y su infraestructura asociada.
Al mismo tiempo en que corren estas investigaciones, la fiscalía General de la Nación adelanta otras que van desde la contratación y adjudicación de las obras, las demoras en la ejecución y entrega de algunos puntos del proyecto y los posibles daños ambientales irreparables en la zona
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó esta mañana que ya había sido notificada oficialmente de la indagación preliminar de la ANLA y que estaba dispuesta a aportar toda la información que se requiera en esta investigación.
“En relación con estos mismos hechos, EPM inició el pasado 27 de julio investigaciones internas, tal y como se anunció a la opinión pública en rueda de prensa y en comunicado oficial el 31 de julio de 2018. La empresa espera que estas arrojen sus resultados prontamente”, afirmó la compañía.
Tomado de: El Espectador
