Ante el Consejo Nacional Electoral serán escuchados Luis Guillermo Echeverri, exgerente de la campaña de Iván Duque a la Presidencia; María Claudia Daza, conocida como “Cayita”, exintegrante del equipo de trabajo del expresidente Álvaro Uribe; Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático; y Aida Merlano Rebolledo, excongresista presa en Venezuela, para que expongan los hechos de los cuales tengan conocimiento sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Serán recopilados los testimonios y pruebas que reposan en otras jurisdicciones a propósito de las denuncias que han recibido los magistrados del CNE acerca de la compra de votos que pudo haber tenido lugar en la costa Caribe en favor del candidato Duque, tal y como lo evidencian algunas interceptaciones telefónicas de José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el “Ñeñe”, “Cayita Daza” y Martínez, así como las declaraciones que a medios dio Merlano desde Venezuela.

De acuerdo con el Auto 01 de 2020, al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, el CNE recibió la primera denuncia por parte del magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, tras la entrevista que Merlano dio a la revista Semana, en la que dijo sobre la campaña de Duque que “Julio (Gerlein) compró votos para elegirlo. No solamente Julio, sino también la familia Char, que dirigió a todos los políticos tradicionales que terminaron de alguna manera vendiéndoseles, y ya los caciques tradicionales de la Costa se le deben a la familia Char, terminaron comprándole los votos para que se eligiera al presidente de la República”.

En esa oportunidad Merlano aseguró tener pruebas de que Julio Gerlain aportó 3.000 millones de pesos y que su socio Faisar Cure aportó otros 3.000 millones con los que se habrían comprado votos.

Para marzo de 2020, el Fiscal 21 Especializado contra el Crimen Organizado compulsó copias al CNE de algunas piezas procesales arrimadas ante la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con la interceptación del abonado celular del “Ñeñe” Hernández, en las que habla con Daza de la supuesta compra de votos en la Costa.

Y en julio pasado, la comisión instructora del CNE recibió la denuncia presentada por el representante Fabián Díaz Zapata, en la que solicita se investigue al presidente Duque y a la directora del Centro Democrático por desplegar la campaña presidencial del 2018 con presuntos aportes económicos del extranjero, por un total de 300.000 dólares, del empresario venezolano Oswaldo Cisneros y por omitir la información de dichos aportes en sus cuentas.

Esto después de que se filtrara una conversación entre Martínez y Daza, en medio de las interceptaciones que la Sala Especial de Instrucción de la Corte adelantó en el caso por el que investigaba al expresidente Uribe. En las escuchas Martínez asegura que el venezolano entregó dicho importe para la campaña.

Son tres hechos por los cuales el CNE investigará la campaña, pesquisas que podrían terminar en sanciones económicas para los investigados, en este caso el presidente Duque, su gerente de campaña y el Centro Democrático.

La defensa

Luis Guillermo Echeverri aseguró que fue “la única persona autorizada a recibir aportes, contratar créditos y realizar gastos, pagos y erogaciones, facultad que nunca delegué en ningún tercero, según consta en los anuncios publicados en medios de circulación nacional al inicio de cada una de las campañas”.

El empresario aclaró que las campañas y el partido que inscribe al candidato son totalmente independientes, “en cuanto a las campañas, que el financiamiento es exclusivo de cada una y que tiene unas reglas internas. Nuestra única relación con el partido Centro Democrático fue mediante créditos contratados a tasas de mercado y con la debida autorización de pignoración de votos de la autoridad electoral”.

Así mismo, Martínez aseguró que lo que hubo por parte del venezolano Cisneros fue una promesa que nunca se concretó, “los recursos nunca entraron a la campaña”.

Por su parte, Iván Cancino, defensor de Claudia Daza, aseguró que aún no ha sido notificado de la fecha en la cual se llevará a cabo la audiencia en la que será escuchada: “pediremos que sea virtual porque ella se encuentra fuera del país y guardaremos silencio, como ocurrió ante la Fiscalía”, anotó.

Vía: El Colombiano.