La Contraloría General de la Nación encontró detrimento patrimonial cercano a los 2 mil millones de pesos en el municipio de Nechí, Antioquia, una pequeña población del Bajo Cauca.

De acuerdo con los documentos de observaciones auditaría de Cumplimiento SGP -2018 Nechí Antioquia, cheques sin ningún soporte contractual, falta de informes y obras pagadas, pero no ejecutadas, son algunas de las anomalías encontradas.

En la investigación adelantada por la entidad de control detectaron principalmente hallazgos en transferencias irregulares que se hicieron utilizando recursos del sistema general de participaciones, destinados desde las cuenta maestra de educación por $350.000.000, de agua potable y saneamiento básico por 75.774.968, propósito general por 1.568.792.760, además de una considerable suma de dinero que fue desviada a otra cuenta en el momento que se hacía una transacción desde una sucursal virtual, al parecer, desde un computador clonado.

Los documentos de la Contraloría señalan reiteradamente: No se evidencian contratos; sin embargo, se reflejan transacciones bancarias mediante las cuales se efectuaron pagos sin la existencia de soportes que den origen a obligaciones contractuales.

Según los hallazgos, también precisaron que en los pagos de nómina a los funcionarios de la alcaldía de Nechí, hay desfases presupuestales.

“Al verificar los pagos por concepto de nómina según extractos bancarios y los comprobantes de egreso que soportas dichos pagos, se refleja diferencias por $504.621.645” dice el informe.

Se destaca el caso es del ex secretario de Hacienda que, según su contrato, tenía un sueldo de 3 millones, pero se pagaba hasta 11 millones de pesos mensuales.

“Se observan trasferencias por concepto de nómina por 113.000.000 a nombre del secretario de Hacienda, a pesar de que el salario mensual devengado de dicho ex funcionario era de $3.061.139 y no se evidencia soporte que justifique dichos pagos”, agrega el documento de control fiscal.

“Esto se califica como una falta penal en el tema del peculado por apropiación, además la Contraloría le iniciará un proceso de responsabilidad fiscal y también debe responder ante la Procuraduría al ser esto un asunto disciplinario, manifestó Sergio Mesa, investigador de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, entidad que ha acompañado las investigaciones.

Los funcionarios implicados en el presunto caso de corrupción serán requeridos por la Procuraduría General de la Nación, mientras continúan las investigaciones a entidades que también fueron coautoras de los desfalcos.

Vía Caracol Radio