La situación de derechos humanos en el departamento no ha mejorado con respecto al año pasado. Esa es la conclusión del informe regional del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) llamado “Antioquia: la guerra en desarrollo”.
Según sus registros, entre enero y junio de 2019 se reportaron 643 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos en el país, cuyas afectaciones se presentaron principalmente en Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca.
Sin embargo, cuando se trata de violencia político social, Antioquia está en el primer renglón de la escala nacional, siendo el asesinato y las lesiones físicas las mayores victimizaciones. Además, Antioquia es el segundo departamento más peligroso para los defensores de derechos humanos e, incluso, se ha incrementado el dato de riesgo de las lideresas.
Bajo Cauca, el fortín
El informe tiene un capítulo especial para la región del Bajo Cauca, afectada por la explotación ilícita de yacimientos de oro, los cultivos de coca (allí están el 56,3 % de las hectáreas de coca de Antioquia) y la presencia de todos los actores armados ilegales (Clan del Golfo, Caparros, disidencias de Farc y Eln), grupos delincuenciales (Los Triana, Los Rastrojos y la Águilas Negras), carteles mexicanos y brasileros, más la Fuerza de Tarea Aquiles. (Ver Paréntesis)
“El aumento de la siembra de cultivos de coca, contrasta con la pobre implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, y en especial del Programa de Sustitución de Cultivo de Uso Ilícito y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”, dice el texto.
Toda esa recomposición y disputa territorial ha generado un aumento en los homicidios y en el desplazamiento forzado, denunciaron desde el Cinep, lo que concuerda con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, según las cuales los habitantes de Cáceres, Nechí y el Bagre quedan en medio de las confrontaciones armadas lo que también ha generado desescolarización y reclutamiento de menores.
Precisamente esa región es la que más preocupa a las autoridades civiles. El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, viene alertando al Gobierno Nacional sobre los riesgos a los que están sometidos los habitantes de esa zona.
Ya adelantó un consejo de seguridad en el que se acordó, como medida provisional, revisar las opciones para sustituir cultivos de uso ilícito, que incluyen proyectos productivos a largo plazo, proyectos de seguridad alimentaria, desarrollo e infraestructura.
Así mismo, el gobernador solicitó mayor presencia de la Policía para atender al menos 35 corregimientos que no tienen agentes y que se elabore una estrategia integral de acción en las zonas dejadas por las Farc.
Fuente El Colombiano
