La construcción de paz en los territorios y la reparación a los millones de víctimas del conflicto exige la articulación del Estado y los entes territoriales para fortalecer la Ley de Víctimas y la participación de éstas en la definición de las políticas que las benefician. Así lo ratifica el director nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara, al ratificar la corresponsabilidad de los entes territoriales y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que integran 53 entidades públicas.
Jara ha destacado este año en sus visitas a las regiones el papel preponderante de las víctimas del conflicto en la implementación en las diferentes regiones de los acuerdos de paz logrados en La Habana, en especial, del acuerdo 5 sobre reparación a los afectados por el conflicto armado.
Con ese fin, la Unidad para la Reparación a Víctimas trabaja con las mesas de participación de víctimas de todo el país con miras a los próximos encuentros regionales preparatorios del amplio proceso participativo, en cumplimiento del punto 5 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera entre el Gobierno y las Farc.
Estos encuentros se realizarán durante marzo y abril para evaluar logros, dificultades y hacer ajustes en la política pública de reparación a víctimas según las necesidades y derechos de esta población, además de preponderar las garantías de no repetición y la reconciliación nacional.
Contarán con la participación de las organizaciones de víctimas, expertos académicos, organizaciones defensoras de derechos humanos, alcaldías, gobernaciones y autoridades locales con rol en la implementación de los acuerdos de paz. Entre los temas priorizados están la reparación colectiva, rehabilitación psico-social, procesos colectivos de retornos de desplazados y restitución de tierras.
¿En qué consiste la corresponsabilidad que determina la política de reparación a víctimas ahora en adelante?
“En comité ejecutivo que sostuvimos con el Presidente y varios ministro s ratificamos el compromiso del Gobierno con la atención y reparación a las víctimas, pero también reiteramos que para que ese ejercicio sea lo más ágil e integral posible se requiere compromiso de toda la institucionalidad y no solo de la Unidad para la Reparación a Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro de Memoria Histórica, que son como los hijos de la Ley de Víctimas, sino de toda la institucionalidad incluido los tres niveles del Gobierno: Gobierno Nacional, gobernaciones y alcaldías, en un esfuerzo conjunto porque son más de 8 millones de víctimas con necesidades en educación, salud, vivienda, empleabilidad, proyectos agropecuarios, generación de ingresos. Pero para poderlos atender no es exclusivamente desde la Unidad para las Víctimas, sino con la acción integral del Estado.
Esa es una de las decisiones más importantes que se tomaron en comité ejecutivo del Gobierno y en lo que debe redundar ese esfuerzo conjunto y conjugando a la sociedad en pleno es que pueda rendir el proceso la reparación de una manera mas ágil ahora que el foco no va a estar en el conflicto, sino por el contrario, en la construcción de paz. Y reparar a las víctimas es construir paz ”.
¿De qué forme intervendrá la Unidad en las zonas veredales de normalización?
“Además de los procesos misionales de reparación nuestra tarea es garantizar en estos territorios espacios de participación en la implementación de los acuerdos de paz. De parte del Gobierno habrá una intervención del Estado en esas zonas y municipios que se han priorizado, pero la Unidad para las Víctimas no intervendrá de forma exclusiva, porque hay víctimas en todos los municipios”.
Se aproxima el amplio espacio participativo para garantizar los derechos de las víctimas en la implementación de los acuerdos…
“Se busca que las víctimas organizadas en las mesas de participación o en distintas organizaciones tengan un espacio de incidencia y también las que no están organizadas, porque se trata, por ejemplo, que en temas como la verdad que reclaman las víctimas puedan definir una ruta para conocer la verdad y como obtener respuesta cuando sea posible. Estos espacios amplios participativos fueron pactados en las negociaciones en La Habana para que el universo de victimas puedan acceder mecanismos que tienen que ver con la comisión de la verdad, con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, con el fortalecimiento de procesos como la reparación colectiva, con la atención a víctimas del exterior, y desde luego ese proceso tiene que surgir desde los territorios”.
¿Cómo incide la Unidad para las Víctimas en la reestructuración del Estado para defender los derechos de los colombianos afectados por el conflicto armado?
“Como entidad participamos de forma activa con otras instituciones en los ajustes y reformas orientadas a que las victimas tengan participación en los mecanismos, como la comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Y en general en la implementación del acuerdo sobre reparación a víctimas en temas tan importantes como garantías de no repetición, verdad, justicia y reparación”.
¿Cómo prosigue el proceso de reingeniería para mejorar la atención y reparación a los sobrevivientes del conflicto?
“Lo que queremos es que el El esfuerzo del Estado en atención y reparación llegue a las víctimas con respuesta más efectiva y digna a la población y en ese esfuerzo venimos con procesos de reingeniería al interior de la Unidad para poder responder de forma oportuna para acceder a los servicios sin tener que poner tutelas ni derechos de petición, sino como una acción del Estado para dar respuesta a las necesidades de la población victima, entendiendo que hay una gradualidad y que es imposible, en un periodo corto de tiempo, dar respuesta a todas las necesidades de reparación de las victimas. Pero haciéndolo cada vez más eficiente y articulando con todas las entidades que conforma n el sistema nacional de atención y reparación a víctimas y, uno de esos temas, es fortalecer los procesos en territorios como en Antioquia, donde sabemos hay una altísima población de víctimas, para que puedan acceder a la oferta del Estado”.
