Con el propósito de que el país tenga un verdadero y actualizado código nacional minero, este martes quedó radicado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley del representante liberal, Luciano Grisales Londoño.

Según Grisales, “hace muchos años se dio la discusión sobre la reforma y fue expuesta la necesidad de ella. El Congreso ha sido inactivo en ese asunto, pero en esta legislatura queremos presentar esa reforma tempranamente para que iniciemos esa discusión. Hay que hablar de la institucionalidad y las condiciones en que se desarrollan esas actividades, hay que hablar de los actores”.

La voz de las comunidades debe ser escuchada. La minería en nuestro país debe propender por el desarrollo sostenible y no apartarse en ningún momento del principio de precaución. Por eso hoy radicamos el proyecto de ley 295 con el que buscamos la reforma del código de minas. 

— Luciano Grisales (@LucianoQuindio) 11 de diciembre de 2018

Para el represente “no es lo mismo la explotación de minerales por parte de pequeños o medianos mineros a la de las grandes multinacionales. Son condiciones muy diferentes. Hay que hablar de zonas en las que definitivamente es más importante el agua y la biodiversidad que la explotación minera”.

Resaltó que se quiere ajustar el Código de Minas al presente del país y sus regiones, a la vez que busca un equilibrio que permita el adecuado ordenamiento del territorio, brindando a las empresas y a las personas que se dedican a la actividad minera seguridad jurídica para hacerlo.

Además, uno de los propósitos de la propuesta legislativa es crear y promover espacios idóneos de participación de la ciudadanía sobre este tema. Colombia tiene dos afectaciones inmensas en materia ambiental: la primera, el narcotráfico y los cultivos ilícitos que han generado una gran deforestación en este país; y la segunda, el daño a las fuentes hídricas y a unos territorios biodiversos y fértiles causado por la minería, la minería mal hecha y la extracción ilegal de minerales, aseguró.

La iniciativa corresponde al proyecto de ley número 295.

 Vía El Colombiano.