El Movimiento Ríos Vivos, que aglutina a las asociaciones que se oponen a la construcción de la presa de Hidroituango -la más grande del país- ha registrado ante el Consejo de Estado una acción de nulidad con la que pretenden suspender y anular la licencia ambiental que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó al proyecto. Su argumento principal es la falta de participación efectiva de las comunidades.
Luis Carlos Montenegro, letrado del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (CAJAR), advierte de que la participación no solo debería haber empezado antes de la concesión de la licencia -que data de 2009-, sino que se careció de la información adecuada y transparente sobre los impactos socioambientales de la represa, las afecciones en la cultura de las comunidades que viven allí, los impactos económicos y los cambios radicales en la forma de vida de los habitantes de esta zona del Cañón del Cauca. “Hubo mínimos escenarios de participación”, lamenta el abogado.
La presa de Hidroituango es un proyecto de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que implica la construcción de un embalse de 79 kilómetros de largo que afecta a una docena de municipios sobre la cuenca del río Cauca en Antioquia. Las obras ya han empezado, con desplazamientos forzados de población, talas y afecciones al bosque seco tropical que hay en la zona, y que en el caso del proyecto para la presa cercana de Cañofisto ha sido la razón de la propia ANLA para denegar la licencia.
Mientras sigue la batalla judicial, en el territorio de resistencia al proyecto de Hidroituango las cosas no están fáciles. El fin de semana del 25 de marzo, la Policía de Ituango (Antioquia) destruyó las viviendas y las herramientas de los barqueros de Playa Angurro aprovechando que estos salieron a una reunión en San Andrés e ignorando una tutela que estos habían interpuesto. Del municipio de Valdivia se han tenido que desplazar dos hijos de una lideresa del Movimiento Ríos Vivos tras recibir amenazas. Otro líder del movimiento, fue amenazado también en la zona conocida como el Kilómetro 15. “El acoso es muy fuerte y la situación de seguridad se ha deteriorado mucho porque, por ejemplo, Valdivia es un corredor tradicional entre el Norte y el Bajo Cauca de paso de cocaína, armas… y está siendo disputado por paramilitares, miembros del ELN y disidentes de las FARC”, asegura Isabel Zuleta, portavoz de Ríos Vivos.
En un informe de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo el pasado 13 de febrero sobre el municipio de Briceño, otro del área de influencia de Hidroituango, la institución alerta de que “están en riesgo particular los Defensores de DDHH, líderes de las Juntas de Acción Comunal, miembros del Movimiento Ríos Vivos y militantes de Marcha Patriótica, como consecuencia de las amenazas directas, el señalamiento y la estigmatización de la que son objeto, por parte de los grupos armados ilegales presentes en la zona”. Y en el informe se explica como “en lo transcurrido del 2017, el escenario de riesgo se profundiza a partir de la avanzada y copamiento territorial por parte de las AGC [Autodefensas Gaitanistas de Colombia], hacia los municipios del Norte de Antioquia como San Andrés de Cuerquia, Ituango, Valdivia y Briceño, Tarazá en el Bajo Cauca y Sabanalarga y Peque en el occidente”.
Hidroituango pretende generar 2.440 MW, con un embalse de 79 kilómetros de largo y un muro de 225 metros de altura, que afecta a municipios de las subregiones del Occidente, Norte y Bajo Cauca. Impacta sobre algo más de 26 mil hectáreas, según el Movimiento Ríos Vivos.
El abogado Luis Carlos Montenegro señala que en Hidroituango se produce un caso de injusticia y de asimetría. Se trata de una zona golpeada por el conflicto armado durante años. En el Cañón del Cauca, desde el año 2015 se han contabilizado 50 masacres, la mayoría de ellas perpetrada por paramilitares o sus estructuras herederas. Sus pobladores, ahora desplazados por la represa, sufren de nuevo esa violencia que les obliga a dejar sus casas. Hace años eran los grupos armados, ahora es EPM, pero ellos no distinguen. La violencia que sienten es la misma.
La empresa se ha escudado para eludir los procesos de consulta en que se trata de una zona en conflicto y que por ello no están obligados, pero Montenegro recuerda que esta excepción aplica para proyectos del Gobierno, y en el caso de Hidroituango hay por medio una empresa con capital privado, aunque se trate de una empresa mixta. Para el abogado, aunque aún falta información, si se puede apuntar un patrón entre el avance paramilitar y los megaproyectos. “La pregunta sería si hay relación entre el paramilitarismo e Hidroituango”. En 2014, dentro del proceso de Justicia y Paz, la fiscalía de Medellín pidió que se investigara al Bloque Minero, Bloque Noroccidental y las AUC y su relación con la represa. “Hay dos efectos de la acción paramilitar cuando hay megaproyectos: abarata costos y reduce las resistencias”, apunta Montenegro.
Junto a la petición de nulidad de la licencia, el Movimiento Ríos Vivos trata de lograr un nuevo censo de la población afectada que permita unos adecuados criterios de participación y reclama un diagnóstico del impacto psicosocial de todo lo que Hidroituango está generando, ya que junto a los desplazamientos y el despojo también se está produciendo la estigmatización de los vecinos y líderes sociales por oponerse al proyecto.
Hasta el momento, se ha ejecutado en torno al 40% de la obra, a pesar de que ha sido sancionada con suspensiones en distintos puntos por incumplimientos en la licencia ambiental expedida por la ANLA. En el proyecto trabajan cinco mil obreros, cuenta con cuatro bases militares y gasta “miles de millones en seguridad tanto pública como privada”, denuncia Ríos Vivos. También invierte en procesos judiciales contra los líderes de Ríos Vivos. De hecho, esta semana se ha conocido que uno de los procesos penales más preocupantes, contra 11 líderes y lideresas, tendrá una audiencia de preclusión el 27 de julio. Esta victoria para el Movimiento Ríos Vivos ha sido empañada por una nueva citación de la Fiscalía a Isabel Zuleta, una de las voceras del movimiento, a la que acusan de amenazar y agredir al personero de Valdivia.
Si la petición de nulidad presentada ahora prospera supondría la paralización total del proyecto y habría que entrar a debatir sobre los procesos de reparación ambiental y personal de lo ya construido, pero esa es una utopía sobre la que es pronto para hablar.
Tomado de: colombiaplural.com
