Luego del fracaso del plan de fumigación con drones, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, propuso un nuevo uso para estos aparatos: vigilar los municipios que tengan condiciones de seguridad críticas.

El mandatario aseguró que tiene $2.500 millones disponibles para comprar los drones que, según sus cálculos, cuestan unos $200 millones cada uno; es decir, podría comprar 12 unidades.

“Son bien estudiados en su tecnología y nos permitirán avanzar mucho más que las cámaras estáticas de los municipios”, declaró Pérez en un consejo de seguridad realizado ayer.

La operación, en los planes del Gobernador, estará en manos de la Policía y el Ejército. “Van a ser manejados por personas especializadas. Como mínimo, en cada estación habrá cuatro agentes que estén permanentemente trabajando y teniendo unas pantallas, observando y grabando”, explicó.

¿Funcionarán?

La vigilancia con drones permitirá a la fuerza pública recolectar evidencia para presentar ante la Fiscalía y los jueces y, así, lograr la judicialización de los delincuentes. “Es para coger más bandidos, para mirar cómo acabamos los delitos y tener pruebas bien sustentadas”, dijo.

Como ejemplo puso a Barbosa y relató que allí existe una calle en la que almacenan y venden droga, pero que solo tiene una vía de acceso llena de “campaneros” (jóvenes que alertan en caso de un operativo). Por eso, dice Pérez, cada vez que va la Policía no encuentra nada, pues los mensajeros avisan y logran camuflar los narcóticos.

El coronel (r) Manuel Ricardo Salgado, experto en seguridad, aseguró que los drones sí se han usado como herramienta de defensa y para espionaje, especialmente en Medio Oriente. “En Colombia solo conozco uso de drones en la Policía para la vigilancia de carreteras, y eso es más preventivo”, dijo.

Según el coronel Salgado, para que el propósito que quiere el Gobernador se cumpla, es necesario que se adquieran equipos especializados que tengan buena resolución de imagen, capacidad de transmisión de datos y que, además, estén a una altura adecuada para que no puedan ser derribados por los criminales, ni con piedras ni con armas. “En el país no conozco tecnología así, pero en el mundo existe”, sentenció.

Experimento fallido

En 2018 la Gobernación hizo una prueba piloto de 45 drones para fumigar sembrados de coca. La meta era erradicar 130 hectáreas y el alquiler de cada equipo costaba $1,2 millones.

Al final, Pérez reconoció que el experimento no tuvo éxito porque “los drones no nos dan la velocidad que estábamos buscando” .

 Vía El Colombiano.