El Bajo Cauca ha sido la región olvidada de Antioquia. Es, según Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno del departamento, la región que, si se contara como una sola ciudad, sería la más violenta del mundo. Es donde, según denuncian las organizaciones de mujeres, sigue sucediendo la violencia sexual y el reclutamiento de los niños y niñas. Todo a los ojos de un Estado que no actúa. Y es también la cuna de las más diversas expresiones de resistencia de la gente que es de ahí y, aunque a veces se ha ido, regresa. Lo que esa gente pide es que el Estado haga presencia en la zona, más allá de la fuerza militar, para que puedan desactivarse los factores que hacen que la guerra no se detenga.
Esa fue una de las conclusiones del Diálogo para la No Repetición y No Continuidad del Conflicto en el Bajo Cauca, realizado por la Comisión de la Verdad tras más de dos meses de diálogos privados con diferentes actores de la región. En este encuentro hubo diversas voces que analizaron la realidad que viven los habitantes de Nechí, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Zaragoza, las condiciones históricas que los han traído hasta este presente y cuáles serían las acciones por tomar para tener un futuro sin guerra.
La primera idea sobre el porqué de la situación de la zona propone que ha sido una región abandonada. “El Estado ha tenido un papel poco significativo en el desarrollo de esta región. ¿Por qué llegamos a estos territorios y vemos tanta precariedad que no vemos, por ejemplo, en Medellín?”, se preguntó Carlos Zapata, líder del Observatorio de Derechos Humanos y Paz – IPC. Y respondió: “Para Antioquia, el Bajo Cauca siempre ha sido un territorio periférico para explotar economías de enclave”. Se refería a la minería de oro que, según dijo, representa el 50% de la minería total que saca Antioquia del territorio.
La renta de la gran minería está hoy en manos de Mineros S.A, sin embargo, economías de grupos armados también se mueven con la explotación de este mineral, así como con la comercialización de cocaína, pues el Bajo Cauca, zona rica también en agua, sirve de conexión entre el Catatumbo (Norte de Santander) y la región del Urabá.
Por esta razón eran tan importante para los pobladores que el Estado hiciera presencia con educación, salud y otros servicios y derechos después de que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc. Sin embargo, según lo narró Claudia Vallejo, procuradora delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, tras la firma del acuerdo la tranquilidad en la región duró un año. Después llegaron varios grupos a copar el terreno que dejó la guerrilla y que no ocupó el Estado. Para ella “es importantísimo que las autoridades locales se empoderen del Acuerdo de Paz”, pues “se trata de la reconstrucción de un país”.
Esa misma idea fue apoyada por el representante a la Cámara por Antioquia del Partido FARC Omar Restrepo, conocido en la guerra como “Olmedo Ruiz”. El exguerrillero, que hizo presencia en esta región mientras estaba en armas, dijo que las condiciones históricas de exclusión hicieron de alguna más fácil el desarrollo de la guerra. “Miren de dónde son los excombatientes y verán que son de Anorí, de Cáceres, de Tarazá, de Ituango, de Toledo, del sur de Córdoba, de Peque, etc. Son municipios con muchos problemas sociales”, y agregó que hay otros puntos para tener en cuenta. “En pleno Plan Patriota nos era difícil mover gente a Urabá, pero la coca se movía. ¿Por qué la coca se movía tan fácil?”, dijo.
Nayibe Cossio, líder afro de la región, coincidió en que la pobreza en la que vive la región, que no tiene empresas, los está afectando gravemente. “Necesitamos fomentar el empleo en los jóvenes, más oportunidades académicas y laborales. Necesitamos mejorar la infraestructura médica”, y contó que en la mayoría de los municipios del Bajo Cauca no hay hospital, sino puestos de salud. “Se mueren las mujeres cuando van a parir”, dijo.
Precisamente el rol de las mujeres en la transformación del territorio también fue un punto a evaluar. Margarita Palacio, representante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, contó que el acceso a la tierra para ellas sigue siendo un reto. Y que, a pesar de que no la tienen, siguen trabajando por ella. “En gran mayoría quienes apoyan el Acuerdo, como la sustitución de cultivos, son mujeres presidentas de las Juntas de Acción Comunal, pero se necesita que la mujer tenga una participación real”, dijo. Y esto lo hacen mientras siguen sufriendo violencia en sus cuerpos. “Cuando uno va a Cáceres escucha cómo las mujeres siguen siendo víctimas de violencia sexual y cómo sus hijos siguen siendo reclutados”, dijo Kelly Echeverry, de la Ruta Pacífica de Mujeres.
La institucionalidad y la empresa, representados por Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, y Santiago Cardona, vicepresidente de Mineros S.A., estuvo de acuerdo en que es la inversión social y la articulación con todos los sectores lo que puede parar la guerra en la región y posibilitar el desarrollo económico.
“La institucionalidad y la presencia del Estado en los territorios debemos reforzarla y sea ese un papel que nosotros podemos jugar”, dijo Cardona, refiriéndose a que la empresa puede ser un puente para el diálogo y para las acciones que deba tomar el Estado. De igual manera, aplaudió los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Suárez, sin embargo, no fue muy optimista. “Nos preocupa cuando el gobierno nacional con los PDET aterriza en paracaídas sin conocer la realidad de los territorios. Debemos unir capacidades entre todos”, dijo, a la par que respaldó la idea del copamiento institucional del territorio.
Con este diálogo la Comisión de la Verdad dejó las ideas sobre la mesa. “El Bajo Cauca ha dicho: Colombia, si quieren incluirnos, esta es nuestra realidad”, como dijo el comisionado Leyner Palacios. Y como advirtió el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, “si el Bajo Cauca antioqueño no se transforma de una manera profundísima, la posibilidad de que de ahí se irrigue el conflicto es altísima”.
Vía: EL ESPECTADOR.
