El pasado lunes 5 de julio, el guardia indígena, Higinio Bailarín, escuchó una explosión que llamó su atención, seguida a ésta, a lo lejos, un grito desesperado de auxilio de una mujer, sin dudarlo, decidió salir de su tambo en auxilio de Eulalia Bailarín y justo cuando la estaba atendiendo, detonó de manera accidental otra de las minas antipersonales, que son instaladas en resguardos indígenas de Antioquia, por presuntos integrantes del ELN, violando claramente el derecho a la vida, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y fundamentales de los pueblos indígenas.

Como Organización Indígena de Antioquia, indignados por la ausencia y desamparo estatal, condenamos con vehemencia este tipo de crímenes atroces y exigimos al ELN, la salida inmediata de nuestros territorios resguardados en el Urabá, Occidente y Bajo Cauca Antioqueño, así como la salida de cualquiera de los grupos armados legales o ilegales que con su presencia ponen en peligro la vida, la paz, el proceso organizativo y las actividades propias de las comunidades para su supervivencia. 

Higinio, al igual que Eulalia, fueron socorridos por otros integrantes de la comunidad, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos tradicionales y los botánicos, el hombre de 23 años, perdió la vida un par de horas después por la gravedad de sus heridas y la misma suerte podría correr Eulalia Bailarín de 34 años de edad y madre de 3 hijos, quien aún permanece en una de las canchas de fútbol de su comunidad esperando ser socorrida, para salir de Amparradó Medio, una comunidad indígena en medio de la selva antioqueña, a tres días de camino a pie, del casco urbano más cercano. 

 Es lamentable recordar que desde 2020, hasta la fecha, este tipo de artefactos explosivos ha dejado un saldo en Antioquia de 10 personas muertas (4 de ellas menores de edad), 7 personas heridas, y dos más mutiladas en sus extremidades inferiores, cifras que deben alarmarnos y que deben de motivar por fin al Gobierno Nacional y al ELN, a sentarse en una mesa de diálogo que permita darle una salida negociada a este conflicto, que hoy enluta al movimiento indígena en Antioquia. 

 Insistimos desde el Consejo de Gobierno Mayor y muy especialmente desde las Consejerías de Derechos Humanos y Paz y Comunicaciones, en el llamado público a las embajadas de Noruega, Canadá y Cuba, para que medien entre las partes y motiven por fin un proceso de paz, que evite la muerte de más personas inocentes. 

A Colombia le recordamos que con nosotros los pueblos indígenas pueden contar siempre para la paz, nunca para la guerra. 

 *¡Queremos morir de viejos!

¡Frente al Fusil la Palabra!*

Cortesía de INDEPAZ