La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín aceptó un hábeas corpus presentado por la defensa del suspendido gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, detenido desde el pasado 5 de junio en su domicilio por irregularidades en un contrato para la pavimentación de un tramo de la troncal de la Paz. Gaviria es investigado concretamente por la Fiscalía por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. 

El Tribunal ordenó su libertad inmediata al resolver en segunda instancia el hábeas corpus, y encontró que en su caso se vencieron los términos pues pasaron más de 120 días sin que la Fiscalía lo haya acusado y llamado a juicio.

La Fiscalía, quien había ordenado la medida de aseguramiento contra el gobernador -que en su momento fue dejada en firme por la Corte Suprema de Justicia- aseguró que ya fue notificada de la decisión.

Tras la detención, Gaviria había sido suspendido de su cargo como gobernador de Antioquia y, en su reemplazo, se había nombrado en encargo a Luisa Fernando Suárez Vélez, quien se desempeñaba como secretario de despacho de la Gobernación.

La defensa de Gaviria señaló en el hábeas corpus que él estaba “privado injustamente de su libertad”, y aunque este recurso había sido negado por el juzgado tercero penal del circuito para adolescentes de Medellín, el Tribunal sí le dio la razón a sus abogados. 

Aunque en el proceso la Fiscalía General dijo que en realidad la detención domiciliara de Gaviria solo se había hecho efectiva el 12 de agosto -por lo que en su criterio no se habían vencido los términos- el Tribunal rechaza ese argumento, pues la defensa señaló que desde el mismo 5 de junio Gaviria cumplió la orden de detención y solo salió en una oportunidad, contando con autorización de las autoridades que tenían su custodia.

Para el Tribunal, entonces, la decisión de Gaviria de acatar la orden de detención desde el 5 de junio genera consecuencias jurídicas y, por lo tanto, es desde esa fecha que se deben contar los 120 días para establecer que ya hay un vencimiento de términos en su caso.

Pero además, el Tribunal asegura que en este caso la Fiscalía actuó con “desidia y mora” frente a actuaciones que, por tratarse de la libertad de un detenido, exigían “acciones expeditas, inmediatas, céleres y eficazmente dirigidas a fornalizar la situación material en que se encuentre el detenido”. Los efectos de la tardanza de la Fiscalía para formalizar la detención de Gaviria, aseguran los magistrados de la Sala Penal, no se le pueden imponer como una carga al gobernador.  

Vía: El Tiempo.