A pocos días (01 de septiembre) de la visita del Consejero Presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, al municipio de Caucasia, capital del Bajo Cauca antioqueño, un nuevo hecho de desplazamiento forzoso se presenta en la subregión. 

Hombres armados ingresaron a la vereda de la Isla La Amargura, jurisdicción de Cáceres, y dieron un ultimátum a la comunidad, hoy 03 de septiembre, para desalojar la vereda.

De acuerdo con Yesid Zapata, vocero del proceso social de garantías para defensores de los Derechos Humanos de Antioquia, varios de los hombres de la comunidad fueron retenidos por los criminales, los sometieron a torturas durante toda la madrugada y solo hasta la mañana de este jueves los liberaron en estado crítico.

De acuerdo con el Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto, serían 300 las personas que huyeron con lo que tenían puesto y se refugiaron en el corregimiento El Guarumo.

Por esta razón, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, ordenó a las tropas trasladarse hasta esa zona para proteger y garantizar la seguridad de la comunidad. 

Mientras tanto en Tarazá

Para este jueves 03 de septiembre, el número de desplazados de Tarazá aumentó a 106 personas, entre los que se encuentra niños y adultos mayores; pues cuatro núcleos familiares más, representados en diez personas, se desplazaron hacia el casco urbano de Tarazá, tras las amenazas de los grupos armados ilegales Clan del Golfo y Los Caparros, que se disputan el control del territorio.

Cabe recordar que en este municipio, los desplazamientos forzosos se presentan desde el pasado 29 de agosto

Por su parte, El secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero Arroyo, dijo que algunas familias abandonarán la Institución Educativa Rafael Núñez, sede Ángel Amado, y partirán hacia Montelíbano, donde amigos y familiares les ofrecerán ayuda, pues temen por su seguridad y aún no quieren regresar.

Por ahora, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, fortalecerán todas las labores de investigación, por parte de las instituciones especializadas, con el fin de esclarecer los hechos de violencia, entre ellos, los homicidios de una líder social y dos menores de edad. Además de presuntas desapariciones.