Uno quisiera que los tiempos no cambiaran, y menos las significancia de los días; lo que antes era celebración, hoy es reflexión o en su defecto protesta, porque la lucha de intereses mezquinos, la corrupción y la decadencia de una sociedad sin escrúpulos encarcela toda civilidad y derechos: es el caso del día del Periodista… Qué celebramos: ¿Las amenazas, las torturas, los desplazamientos, los chantajes, hostigamientos, secuestros, la violencia sexual, la violación a la intimidad, la estigmatización, el exilio o lo que es peor la muerte de periodistas?
En el marco de este proceso que viene desarrollándose desde 2012, se ha ratificado lo que las organizaciones de periodistas y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han denunciado durante años: los periodistas como grupo social han sido altamente victimizados en el marco del conflicto armado colombiano, siendo recurrentes las violaciones a sus derechos Humanos y la vulneración al ejercicio de las libertades de expresión y de prensa..
Estas violaciones han tenido lugar con ocasión del ejercicio de la actividad periodística. Como consecuencia de su labor profesional, los periodistas han sido víctimas de asesinatos, secuestros, amenazas, atentados, torturas, desplazamientos, chantajes, hostigamientos, violencia sexual, violación a su intimidad, estigmatización, entre otros múltiples tipos de agresión. Además de la vulneración evidente de sus derechos humanos, estos patrones de violencia ejercidos contra los y las periodistas han transformado su práctica profesional, llegando al punto de su desnaturalización, han limitado el ejercicio de libertad de expresión y de prensa del país, y han impedido garantizar a la sociedad colombiana su derecho a estar bien informada.
– Entre las zonas más afectadas por el aumento de la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación se encuentra el departamento de Antioquia. En el Bajo Cauca Antioqueño, las amenazas e intimidaciones a los periodistas han aumentado particularmente desde 2005 sosteniéndose hasta el presente, sin que exista hasta el momento control real por parte de la Fuerza Pública del territorio. En el Oriente Antioqueño, desde el asesinato de la periodista Marián Castañeda en 1987, la violencia contra periodistas se ha sostenido y se suma a los periodistas amenazados, desplazados y quienes han abandonado la profesión.
Según la Fundación para Libertad de Prensa, FLIP, desde el año 1.997 hasta el 2016, en Colombia se han asesinado 153 periodistas durante el ejercicio de su oficio. A nivel mundial 2.014, fue el año negro para los Periodistas, según Reporteros sin Fronteras: fueron asesinados 66, 119 secuestrados, 178 encarcelados, 853 detenidos, 1.846 amenazados o agredidos, y 139 debieron exiliarse. Para esta misma entidad, Reporteros sin Fronteras, el Departamento Colombiano de Antioquia, figura en el 5º lugar de las zonas más peligrosas del mundo para los periodistas, detrás de los territorios controlados por el Grupo Estado Islámico (Irak y Siria), el Este de Libia, la Región de Beluchistán (Pakistán) y las Regiones del Donetsk y Lugansk en (Ucrania).
El departamento de Antioquia registra un total de 23 periodistas asesinados por razón de su oficio entre 1980 y 2015, siendo el segundo registro de asesinatos más alto después del Valle del Cauca. Desde 2011 a la fecha en Antioquia han sido asesinados tres periodistas: Luis Eduardo Gómez Cubillos (2011), Edinson Alberto Molina (2013) y Luis Carlos Cervantes (2014).
REPARACIÓN A PERIODISTAS
Ante la dimensión de los daños reseñados, surge la existencia de distintos modos y concepciones de la reparación integral. En términos generales, toda reparación busca devolver a las víctimas a la situación en la que se encontraban con anterioridad a la violación de sus derechos mediante una serie de medidas que abordan cinco componentes a saber: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición:
La restitución busca devolver a la víctima a la situación en la que se encontraba con anterioridad a la violación, cuando ello sea pertinente y lo desee aquella, lo cual se logra con la devolución de sus bienes patrimoniales y con el restablecimiento de sus derechos y de su situación personal, familiar, laboral y social.
A través de la indemnización o compensación se busca reparar a las víctimas por los daños materiales físicos, mentales, a la reputación y a la dignidad sufridos, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso y de oportunidades, y los costos de asistencia jurídica y servicios médicos, entre otros, cuando no sea posible la restitución a la situación anterior o cuando las víctimas no la deseen.
Los mecanismos de rehabilitación incluyen la atención médica y psicológica y los servicios jurídicos y sociales que requieran las víctimas.
Las medidas de satisfacción buscan reconocer públicamente el daño sufrido por las víctimas y a través de ello dignificarlas, para lo cual incluyen, entre otras, la investigación y sanción de los responsables de los crímenes, la difusión de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y de los restos de los muertos, la solicitud pública de disculpas y la realización de conmemoraciones y homenajes a las víctimas.
Las garantías de no repetición consisten en reformas institucionales y en medidas de otra naturaleza que buscan evitar que las atrocidades vuelvan a cometerse, y con las cuales se promueve el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de los procesos democráticos, se derogan leyes que contribuyen o autorizan las violaciones.
Desde la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, se plantea la necesidad de asumir estas dimensiones de la reparación colectiva desde un enfoque conceptual basado en la dimensión transformadora de las reparaciones, que supere la mera restitución de derechos al estado en el que estaban las víctimas antes de las violaciones o hechos victimizantes, pues en la mayoría de los casos los periodistas víctimas se encontraban en situaciones estructurales de exclusión que fueron precisamente las que facilitaron su victimización: precariedad laboral, pobreza, desarticulación gremial, existencia de una estructura económica concentrada e inequitativa de los medios de comunicación, entre otros factores.
Así, en el caso de los periodistas, la reparación integral debe apuntar no sólo a medidas de tipo simbólico o de satisfacción, sino que deben tener un contenido material que permita a quienes desarrollan la actividad periodística superar los efectos concretos ocasionados por el ejercicio de la violencia en su contra, al tiempo que se logran superar las condiciones de marginación social y vulnerabilidad que, particularmente en las regiones, han facilitado la violencia hacía los periodistas.
Por Evaristo Pérez
