Entre 10 y 30 años podría tardar la recuperación ambiental de las 156 hectáreas que fueron devastadas en el corregimiento de El Jardín, en zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia, para la explotación minera ilegal.
Las autoridades consideran, además, que el daño ecosistémico causado podría costar más de 15.000 millones de pesos, pues las minas se hallaban muy cerca al Río Cauca. “Se ocasionó un verdadero desastre ambiental, un daño irreparable por cuenta de estas actividades ilícitas en contra del medioambiente”, indicó el General Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército, institución que junto a la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, adelantaron la operación militar mayor denominada Pedro Pascasio Martínez, la cual hace parte de la campaña militar y policial Aquiles.
El comandante informó que en ese terreno fueron ubicadas y destruidas una importante estructura para la explotación de yacimientos mineros, que estaban distribuidas en dos unidades productoras, que afectaban de forma significativa los recursos naturales y el medioambiente.
“El material que se destruyó fueron cinco retroexcavadoras, una draga, un motor y material necesario para cometer esta clase de delitos”, mencionó el alto Oficial. Durante la acción militar fueron capturados, además, dos sujetos en flagrancia.
Según el General Ramírez dichos yacimientos y elementos pertenecían a la subestructura Virgilio Peralta Arenas del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Caparros. “La maquinaria estaba avaluada en más de 6.500 millones de pesos”, explicó.
De acuerdo con las autoridades, la explotación ilícita de estos yacimientos le significaba a Los Caparros ingresos mensuales por más de 100 millones de pesos, por lo que consideran que este es un duro golpe a sus finanzas.
Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para la legalización de su captura.
De esta manera, el comandante Ramírez asegura que se da cumplimiento a la línea estratégica de agua, biodiversidad y medioambiente que hace parte de la política de seguridad y defensa de la Presidencia de la República. El General sostuvo que los controles continuarán en todo el país con el objetivo de contrarrestar con uno de los principales motores de depredación del medioambiente en Colombia: la minería ilegal.
Vía: Semana Sostenible.
