Luego que los habitantes de Popayán instauraran una acción de tutela en el cual pedían que se les protegiera el derecho a las manifestaciones e integridad física, una jueza de esta localidad el pasado 3 junio ordenó a la Policía Nacional y al ESMAD anular de manera inmediata la utilización del dispositivo Venom durante las protestas sociales en la capital del Cauca.

Recientemente los congresistas Katherine Miranda y David Racero, cada uno por su lado presentaron tutelas para abolir el uso del arma Venom como mecanismo de defensa en contra de las personas, pues aunque este lanza cartuchos no letales de caucho, que se detonan secuencialmente en fragmentos a “velocidades punzantes”, en rangos de 100 o 200 metros, obliga a los manifestantes a retirarse del lugar.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios ha utilizado de manera indiscriminada el arma Venom, afirmó David Racero, es por ello que este miércoles 9 de junio instauró su acción de tutela en contra la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana de esta misma ciudad para prohibir su uso de manera inmediata al igual que las armas letales y de las no letales de manera indebida.

Apoyándose en la acción de tutela presentada y fallada por el Juzgado Décimo Administrativo Mixto y de la Oralidad de la ciudad de Popayán, el congresista pretende que en Bogotá tenga los mismos efectos , la cual ordenó suspender el uso de este dispositivo.

Racero señaló que el uso indebido de este artefacto no cumple con las condiciones estimadas por el fabricante, por lo que pone en riesgo, la vida, salud e integridad personal, así como el derecho a la protesta, de los ciudadanos que hoy se manifiestan en el marco del paro nacional.

“Es menester que se dé primacía al dialogo y a la mediación en las protestas y que la fuerza no sea el principal mecanismo de acción, como lo hemos visto y señalado desde que inició el Paro Nacional. Además, el no suspenderse el uso abusivo y desproporcionado de los equipos y armas empleadas por el ESMAD, aumenta el riesgo de vulneración de derechos humanos y lo peor, el riesgo de perder vidas de jóvenes que piden a gritos una transformación social en Colombia”, dijo.

De igual manera la congresista Katherine Miranda manifestó que su acción de tutela va en contra de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, también por el mal uso del arma en contra de los ciudadanos y los manifestantes.

Agregó que este dispositivo ha generado muertes como la del joven Sebastián Quintero de 23 años que sufrió el impacto en el cuello de una granada aturdidora lanzada por los antidisturbios en Popayán. “Hemos alertado sobre el peligroso uso de esta arma en las protestas, no podemos permitir el uso indiscriminado y por lo tanto debe deshabilitarse, no hay posibilidad de controlar la dirección del impacto y sus efectos”, afirmó Miranda.

Para la representante aunque estas armas son consideradas “menos letales”, el ESMAD le ha dado un uso indebido que está registrado en videos, ya que los cartuchos de gas lacrimógeno y aturdidoras siempre deberían dispararse de forma parabólica, y no de forma directa contra los manifestantes.