“Allá dejamos el alma, todo”, responde Claudia*, cuando le pregunto sobre lo que tuvo que dejar en Tarazá por culpa del desplazamiento forzado. Una finca, un establo de gallinas, tres perritos, un estanque con patos y peces, su sembrado de plátano y yuca. Dejó “su vida”, como ella misma concluye.
Claudia, su esposo y sus dos hijos hacen parte de las 469 personas (130 familias) que fueron desplazadas de la vereda de San Antonio y de los corregimientos La Caucana y El Doce, en Tarazá, durante el 2019, según la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana N°45 del 31 de agosto de 2020. En lo corrido de este año, se han reportado cuatro desplazamientos masivos en las veredas Anará La Raya, La Pipiola y La Cabaña en Tarazá. En el último, ocurrido el fin de semana del 29 de agosto, 54 personas (16 familias) fueron desplazadas de la vereda La Esperanza.
En el caso de Claudia, ella cuenta que “un muchacho que nos robó y que tenía contactos con uno de los grupos, nos metió en un problema con ellos”. Cuando dice “los grupos” se refiere a Los Caparros y a las AGC, organizaciones armadas que están en el Bajo Cauca.
La presencia histórica de grupos guerrilleros y paramilitares en la región, por el control del territorio y las rutas del narcotráfico, ha desencadenado no solo desplazamientos como el de Claudia, sino el cobro de rentas ilegales, amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas.
Según la Defensoría del Pueblo, entre 2018 y 2019 se han emitido cinco alertas tempranas de inminencia en esta subregión. En estas, la Defensoría hace un llamado por la vulneración en la zona de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
En la última Alerta Temprana, la Defensoría afirma que la población de los seis municipios de esta región se encuentra en “extremo riesgo”, señalando a los niños, niñas y adolescentes, y a los líderes del programa PNIS, como la principal población vulnerable.
“Para el año 2020 se observa un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados”, se lee en la Alerta.
En el mismo documento se señala que entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020, en Tarazá fueron asesinadas 261 personas, y un total de 1057 en toda la subregión. Según la Defensoría: “las muertes violentas no cesan en épocas de pandemia, y solo entre los meses de marzo y junio del presente año la Policía Nacional tiene un registro de 72 homicidios. La violencia no ha respetado las restricciones de movilidad y aislamiento social por la COVID-19, conforme lo referido en la ATI Nº 018-20”, alerta nacional especial para la pandemia.
En cuanto al desplazamiento forzado, la Alerta Temprana señala que entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2020, en la región del Bajo Cauca 50.483 personas fueron obligadas a salir forzosamente de sus territorios; afirma que “de los 260.681 habitantes de la subregión, proyectados por el DANE para el año 2020, cerca del 20% ha sido víctima de desplazamiento forzado”.
En el caso de Tarazá, la entidad señala la importancia que tiene el municipio para la estrategia de control territorial, basada en actividades económicas ilegales y en rutas de movilidad de grupos armados ilegales como el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), también conocido como “Caparros”; los frentes Rubén Darío Ávila y Julio César Vargas, del Clan del Golfo, las disidencias del Frente 18 de las Farc y el ELN.
Para Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la situación actual en la región del Bajo Cauca se debe una estrategia de control territorial y poblacional por parte de actores ilegales, a través del repoblamiento de los territorios.
“El repoblamiento es una figura condenada por el DIH, consiste en que la población residente, que no es afín a un proyecto político, social o económico, es expulsada del territorio, para traer otra que sea afín a los intereses del grupo armado ilegal y que responda a esas lógicas de control. Esto, sobre todo, se está presentando en zonas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y en las zonas de expansión de cultivos, que no son las mismas”, afirma Zapata.
La lucha contra las drogas
El desplazamiento de Claudia es diferente al de otras familias que han tenido que dejar la zona. Para ella, el problema del desplazamiento forzado se debe a que los grupos armados que hacen presencia en la zona están obligando a sembrar coca a las familias que hacen parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y, además, le cobran una cuota a la comunidad por estar en el territorio.
“Los problemas que tienen ellos allá es por el abandono del Estado después de la erradicación. Allá, para esa vereda, todo el mundo erradicó sus cultivos, quedó uno que otro de los que no aceptaron. Ya no hay nada qué hacer”, afirma Claudia. Cuando dice que “ya no hay nada qué hacer” es porque los pagos de quienes están inscritos en el PNIS están suspendidos y, hoy, gran parte de esos campesinos no tienen con qué desarrollar sus proyectos productivos. A la par, la Gobernación de Antioquia, a través de su programa Antioquia libre de coca, erradicó 43.524 hectáreas de coca entre 2017 y 2019, pero la directora de este programa le aseguró a la Agencia de Prensa IPC que la resiembra era superior al 100%.
Durante 2019, el aumento de la producción de hoja de coca en el país fue del 1,6% con respecto al 2018, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), presentado en 2019. En el mismo, se señala que Tarazá, Cáceres y Valdivia son los principales territorios de Antioquia en donde se cultiva y procesa la hoja de coca. En el departamento los cultivos ascendían a 14.403 hectáreas.
“Tal como sucede desde 2015, la coca sigue concentrándose en zonas históricamente afectadas, conformando enclaves productivos en donde se crean condiciones propicias para la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo en Colombia y el exterior”, señala el informe.
Para el investigador Carlos Zapata, la siembra de coca es un problema estructural, por eso las comunidades de este territorio le apostaron al PNIS, confiaron en el Estado, a pesar de la poca presencia de lo nacional y regional en la zona. Según él, era evidente que si el Estado, en los territorios abandonados por las FARC EP, que representan el 80% de los territorios PNIS en Bajo Cauca, no hacía presencia integral y control del monopolio legítimo de las armas, el resto de actores armados ilegales se iba a expandir para tener participación en este corredor de rentas ilegales.
Agrega que el Estado no ha estado en el territorio, pero sí otros actores armados ilegales. Llegó el PNIS y con él las comunidades quedaron atrapadas entre los incumplimientos del Gobierno Nacional y la presión de los grupos armados ilegales para resembrar. La realidad, dice, es que las comunidades cumplieron.
«El 98% de las comunidades que le apostaron al PNIS han cumplido cabalmente con la sustitución, pero a cambio han recibido la arremetida de los compromisos con los Estados Unidos de erradicar forzadamente, algo que le imprime un elemento adicional de riesgo a las comunidades. Mientras no haya presencia integral y civil del Estado, más allá de represión armada, eso es lo que vamos a tener: actores armados que van a sacar a la población civil que no se pliega a sus intereses y por eso los están matando y desplazando”, concluye Zapata.
Cuando Claudia salió del territorio, lo hizo en compañía de integrantes del Ejército Nacional que entonces erradicaban los cultivos de uso ilícito. A pesar de que ella misma afirma que la mayoría de la gente hace parte del PNIS, la erradicación forzada no ha parado.
Recuerda con dolor aquel día de diciembre en que tuvo que recurrir al Ejército para proteger su vida. “Le contamos lo que había pasado, ellos miraron si había gente rara por ahí vigilando, nos fuimos para una casa que queda cerquita de donde ellos estaban y fueron tres noches ahí en el suelo, durmiendo todos junticos con otra familia que también desplazaron”.
En la vereda que vivía Claudia, las familias inscritas en el PNIS estaban comenzando con sus proyectos productivos y de formación social, como proyectos de engorde de pollos y marranos, de plantación de yuca y plátano, y otros en los que le apostaban al empoderamiento femenino y al trabajo con los niños. “Nunca pensé que me tuviera que ir de mi casa, de mi vereda; nunca pensé dejar a mi comunidad”, dice.
El 4 de febrero, Unodc presentó el informe de monitoreo al cumplimiento del PNIS, en el cual se evidencia que hay 11.777 familias en Antioquia inscritas en el programa, de las cuales 4.120 son de Tarazá. En este municipio, la Unodc informó que 2.942 son cultivadores, 313 son no cultivadores y 865 son recolectores. De las 60.082 hectáreas encontradas y caracterizadas por la Unodc a nivel nacional, 35.132 hectáreas fueron erradicadas de manera voluntaria y verificadas por esta entidad, y evidenció una resiembra o rebrote de la hoja del 0,4% del área erradicada voluntariamente.
Hoy Claudia se encuentra bajo protección del Estado y ni su nombre ni su ubicación se pueden revelar. Su deseo es volver a la tierra que cultivó durante más de 16 años, volver a ver a la familia que dejó en Tarazá y retornar a su vida campesina. Dice que fue un cambio obligado e inesperado en el que lo más difícil ha sido acoplarse a las dinámicas de una nueva ciudad, cambiar su actividad económica y comenzar nuevas relaciones sociales con personas con las que poco o nada tiene en común.
“El deseo grande por nuestra vereda y nuestro municipio, es que esta guerra se acabe – agrega Claudia-. Ha habido mucha gente y muchos líderes asesinados y es como si no hubiera pasado nada por parte del Gobierno. Y ya por uno, aprender y salir adelante”.
Vía: Instituto Popular de Capacitación -IPC.
