El pasado 16 de septiembre se realizó un consejo extraordinario en Montelíbano, Córdoba, y se estableció la activación de un plan candado en las entradas y salidas del área urbana de la localidad, sí como el aumento del pie de fuerza. Así lo reveló el secretario de Interior del departamento de Córdoba, Camilo Berrocal.
Lo anterior, debido al doble crimen en el que fueron asesinadas una comerciante de 27 años, Melisa Romero, y su sobrina de 12, Taniusca Romero Sibaja, mientras montaban bicicleta.
Sin embargo, antes de que se presentara el lamentable hecho en el que fueron víctimas dos féminas, el orden público en Montelíbano se ha venido recrudeciendo. Días antes habían asesinado al presidente de la Junta de Acción Social del barrio Villa Clemen, Cristóbal Ramos, junto a un taxista identificado como Luis Emilio Mendoza.
Por otro lado, en un aparente intento de robo, dispararon contra Yoni Alexander Valdés García, presidente del Concejo del municipio de San José de Uré, cuando salía de retirar dinero en un banco del centro de Montelíbano.
Como si lo anterior fuera poco, más de 20 líderes comunales de esa localidad han recibido amenazas de muerte, según un pronunciamiento de Oberlain Martínez, presidente de Asocomunal del municipio, tras los hechos violentos ocurridos entre el 10 y el 14 de septiembre. “En Montelíbano, nos están acabando y en este periodo que yo llevo, tenemos a un 21 comunales amenazados algo que no se debe hacer, no debe suceder”. Expresó Martínez.
Por su parte las autoridades adelantan investigaciones que permitan esclarecer los últimos hechos violentos perpetrados en el municipio y dar con el paradero de los criminales. En cuanto al caso de Melisa Romero y Taniusca Romero se reiteró la recompensa de $50 millones por información que permita la captura de los responsables de sus muertes.
