Un preocupante informe de la Contraloría halló varias inconsistencias en ese departamento, el más afectado por desnutrición infantil.
En medio de los escándalos recientes por muertes de menores de edad a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Contraloría General de la República reveló un informe que demuestra un grave panorama para los niños de La Guajira.
Luego de una investigación de un equipo auditor, la Contraloría determinó que por lo menos 95 de los 265 niños de La Guajira reportados como fallecidos por desnutrición para el año 2022 hacían parte de programas de prevención del ICBF.
Eso se traduce en que el 35,84% de esos niños que murieron ya habían sido caracterizados con factores de riesgo y se hubieran podido salvar de morir por enfermedades asociadas a la desnutrición si las entidades del Estado hubieran actuado oportunamente. “Determinamos, entonces, que no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición”, dijo la Contraloría.
“Las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados de los mismos no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil”, señaló la entidad.
Debido a esos casos, la Contraloría focalizó las zonas de riesgo en los municipios de Uribia, Maicao, Rioacha y Manaure; todos ellos ubicados en La Guajira.
En estos territorios, “la tasa de mortalidad por desnutrición promedio es 61,88 por cada 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental”, reza el documento.
Admás, la Contraloría también advirtió riesgos en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
De acuerdo con la entidad, “hubo deficiente seguimiento y control a los procesos contractuales por parte de la administración temporal y de los supervisores, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y el contrato”, lo que significa que ese programa no funcionó como debía y facilitó que se provocaran complicaciones en la población afectada.
Hasta el momento, el ICBF no se ha pronunciado sobre este informe puntual de la Contraloría General de la República y, en esa misma línea, el Gobierno nacional tampoco.
