Por: Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Hace apenas cuatro meses, el 15 de septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio del partido político de izquierda Unión Patriótica y, refiriéndose al actual proceso de paz con la guerrilla de las FARC, expresó que esa historia no se puede repetir. Pero hoy el panorama es “macabro”. En los últimos cinco años han sido asesinados 129 miembros del movimiento político Marcha Patriótica según datos de esa organización.
La violencia contra líderes sociales y comunitarios de izquierda que vienen respaldando los acuerdos de paz con la insurgencia, principalmente en las zonas rurales, ha arreciado en meses recientes luego de la firma del acuerdo final de paz con las FARC, el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena.
No ha terminado el mes de enero de 2017 y ya han sido asesinados cinco líderes, entre campesinos e indígenas: José Yimer Cartagena, líder de Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba y vicepresidente de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas; Olmedo Pito García, comunero Nasa del resguardo indígena Huellas de Caloto, integrante de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (Conpi), organización filial a Marcha Patriótica; Aldemar Parra, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo, en el departamento del Cesar; Moisés y Chogoló Mosquera, padre e hijo de la comunidad de Salaquí, Chocó; y Emilsen Manyoma, integrante de la Red Comunidades Construyendo Paz (Conpaz) y líder social del Bajo Calima en Buenaventura, quien fue asesinada junto a su esposo Joe Javier Rodallega.
Irónicamente el 18 de enero de 2017, en entrevista con RCN Radio, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó que en Colombia “no hay paramilitares” y agregó que “hay asesinatos pero no son sistemáticos”.
La realidad parece ser otra. Sólo en Antioquia han sido asesinados doce líderes sociales, entre el año 2016 y lo que va corrido de 2017, según registros de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu).
Por ello, el vocero de Marcha Patriótica en Antioquia, Otoniel Higuita, rechazó la postura del Ministro de Defensa y así mismo del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien también “niega que exista una sistematicidad en los crímenes y una conexión entre ellos; cuando el patrón de comportamiento de todos estos asesinatos está mostrando las mismas características que se desataron a comienzos de los años ochenta contra el movimiento que se creó: Unión Patriótica. Ese es el escenario macabro y nefasto que se está configurando”.
Agresiones ponen en vilo la implementación del acuerdo
Para Otoniel Higuita, la vitalidad del proceso de paz en Colombia está en los líderes campesinos, afros e indígenas que integran las organizaciones rurales. Por eso, la sistematicidad de las agresiones genera incertidumbres sobre lo que pueda pasar con la implementación de los acuerdos.
“Eso afecta muchísimo porque, por poner un ejemplo, hacia Anorí hay una propuesta en el punto cuatro del Acuerdo sobre erradicación de cultivos de uso ilícito. Son las comunidades las que, según lo acordado, entrarían a ejecutar todos esos proyectos de convertir esos cultivos en otros cultivos —lícitos—. Y si son comunidades amenazadas y que sienten los asesinatos encima, se van a desplazar o de entrada van a generar desconfianza total con el proceso”, explicó el vocero de Marcha Patriótica en Antioquia.
La situación se dificulta porque, según Higuita, en la medida en que las FARC van cumpliendo con el calendario de preagrupamiento y dejación de armas, “las fuerzas ligadas al neoparamilitarismo se vienen posicionando en estas zonas”.
Debido a esta situación, advirtió, se han conocido denuncias de que algunos miembros de las comunidades tienen la idea de armarse “porque al salir las FARC de los territorios hacia las zonas de concentración, al entrar nuevas fuerzas paramilitares que los están presionando y atenazado, y al no ver una protección real y efectiva del Estado a esas zonas, obviamente las comunidades se sentirían desamparadas”.
Organizaciones reclaman presencia estatal y protección efectiva
Sobre la situación de los líderes sociales en el país, León Fredy Muñoz opina que “lo curioso es que el Estado tampoco ha hecho lo propio para frenar todos estos asesinatos y amenazas, y para que la gente pueda sentirse tranquila en este proceso de paz”.
Y si algo marcó el exterminio de la UP —aparte de la connivencia entre algunos sectores de gobierno, políticos y Fuerza Pública con el paramilitarismo—, fue la omisión por parte de las distintas instituciones del Estado para brindar garantías a los miembros de este partido político.
Hoy, demandó Otoniel Higuita, “el llamado que hacemos es que a nivel de las máximas instancias gubernamentales: Ministerio de Defensa, Fiscalía y Procuraduría, haya un solo mensaje hacia estas amenazas y que haya el cumplimiento del mandato constitucional por la defensa y protección de la vida como un derecho fundamental”.
Por su parte, Luis Guillermo Pardo, gerente de paz de la Gobernación de Antioquia, expresó que “el asesinato de líderes sociales y políticos debe preocupar mucho al Gobierno Nacional. Y habría que diseñar una estrategia muy clara de protección de los líderes en esos territorios. Paralelamente copar los espacios dejados por las FARC, tanto con el Ejército como con las fuerzas policiales”.
Si el Gobierno Nacional y las instituciones encargadas de velar por la defensa de la vida y los derechos humanos no actúan a tiempo, y de nuevo se hacen los de la vista gorda, la tragedia de la Unión Patriótica estaría destinada a repetirse.
